30 AÑOS DE LA ANFASEP

Dos de setiembre. La fecha se nos está pasando como cualquier otra. Los diarios cuentan entre sus temas más importantes a la suegra de Toledo, al abogado de Fujimori, al partido de la selección, a la foto del Papa. No hay mención ni recuerdo de algo que, a mi juicio, debería ser motivo de conmemoración nacional. Un 2 de setiembre de 1983, en medio de una guerra que empezaba a mostrar su rostro más inmisericorde y racista, un nutrido grupo de mujeres decididas le dieron inicio a la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Hoy se cumplen 30 años de esa fecha y, si la memoria del país no fuera tan débil, si el reconocimiento del valor ciudadano de los pertenecientes a la nación no estuviera tan grotescamente ausente, deberíamos aprovechar para recordar que a las víctimas del conflicto armado interno no sólo se las debe pensar como personas pasivas, entregadas al lamento y al dolor improductivo del trauma. La conformación y acción de la ANFASEP nos recuerda que las víctimas fueron también sujetos con agencia que, valientemente, tomaron decisiones y se esforzaron por hacer que su sufrimiento no sea en vano, que las injusticias cometidas contra ellas y sus esposos, sus hijos, sus hermanos no queden impunes.

Las mujeres de la ANFASEP se organizaron para luchar por el reconocimiento de sus derechos cuando todo a su alrededor les decía que hacerlo era jugarse la vida, que mantenerse seguras significaba cerrar la boca, taparse los ojos y seguir para adelante; “voltear la página”, como gustan decir los amantes de la indiferencia.

En 1983, las madres de asesinados, secuestrados y desaparecidos fundaron, en Ayacucho, la organización que hasta el día de hoy se encuentra vigente y sigue actuando para lograr que la justicia alcance a las víctimas. Muy simbólica es la historia de su primera banderola, confeccionada con un material que representa, de forma ambivalente y admirable, la precariedad de la lucha y la capacidad de utilizar sus pocos recursos para ejercer la acción: se trataba de tocuyo crudo, material utilizado en los costales de harina por comerciantes de mercado. Según cuentan las madres, el tocuyo fue regalado por panaderos; en él, se pintaron consignas en las que se resalta la necesidad de la justicia y el reclamo de los afectados. Entre otras cosas, se lee: “Construyamos una América Latina sin desaparecidos. Por la libertad de nuestros familiares. Vivos los llevaron, vivos los queremos!”. Estas son palabras ligadas a los discursos latinoamericanos en defensa de los derechos humanos, en donde, antes que la pena por la pérdida (importante, sin dudas), se pone énfasis en la fuerza de las demandas. Con atino conmovedor, las madres le dieron a la banderola un nombre apropiado: “La Luchadora”.

Esta actitud de lucha se representa también en la primera presidenta de la Asociación: Angélica Mendoza de Ascarza, “mamá Angélica”, quien hoy se ha convertido en un rostro representativo de las víctimas ayacuchanas de la violencia (tanto la subversiva como la del Estado). Son especialmente significativas las palabras con las que ella confrontó a militares mientras buscaba entre los cuerpos destrozados a su hijo desaparecido. Cuando la abordaron y le exigieron marcharse del lugar, mientras disparaban al aire, ella respondió, no con actitud dolida ni en busca de la lástima de los armados, sino en directo y valiente desafío de su abusiva autoridad: “Señor, yo no tengo miedo de morir, moriré, les dejaré los cinco solcitos que tengo por la pérdida de su bala, pero dígame, dónde está mi hijo, cuando sepa dónde está mi hijo, voy a morir tranquila”.

Mamá Angélica sabe, mientras lanza sus palabras, del peligro latente que corre. Pero su amor de madre puede más. Enfrenta directamente a la amenaza y ejerce su activa capacidad de demanda y resistencia frente a la injusticia. Mamá Angélica lucha. Y ya son 30 años.